Los llamados criptoactivos (entre los que se cuentan las célebres criptomonedas) han sido sin lugar a dudas uno de los mayores protagonistas en la revolución tecnológica en la que se hallan inmersos los mercados financieros.

Estos activos, a los que su exposición mediática los ha hecho conocidos incluso entre el público ajeno al mundo de las finanzas, han ido tomando peso de forma ininterrumpida en los últimos años, tendencia que se mantendrá en el futuro según el Parlamento Europeo. Entre todos ellos destaca el afamado bitcoin, que con una capitalización de 290.000 millones de dólares ya ha superado el valor de gigantes como Coca-Colao Bank of Americao el PIB de países como Perú o Croacia.

Su creciente peso y el posible advenimiento de grandes stablecoins (como Libra, la criptomoneda en desarrollo de Facebook) han exigido a las instituciones comunitarias  una intensa labor regulatoria. En los últimos meses, la Comisión ha tratado de mantener el equilibrio entre promover la innovación y diseñar un marco regulatorio que salvaguarde los intereses del inversor y la estabilidad del mercado.

Las ventajas de los criptoactivos son indudables, pero también lo son sus puntos débiles: continúan siendo valores extremadamente volátiles, son frecuentemente empleados como medio para actividades relacionadas con la ciberdelincuencia y, según recientes estudios, tienen aparejada una importante huella de carbono. Según el MIT, solamente el uso de la criptomoneda más conocida, el bitcoin, contaminaría más que Jordania o Las Vegas.

No obstante, la tecnología que sirve de soporte para estos activos encierra un enorme potencial como instrumento para el desarrollo sostenible. La emisión de criptoactivos ligados a un propósito medioambiental es un ejemplo de proyecto que, tomando la tecnología blockchain como base, pretende financiar y dar impulso a proyectos con fines sostenibles.

De hecho, España ha contado con una iniciativa pionera en este ámbito: el proyecto ClimateCoin, que en 2017 supuso la primera emisión de criptoactivos en nuestro país (ICO, por sus siglas en inglés: Initial Coin Offering); consistiendo esta en la oferta de valores (tokens) referenciados al ethereum, otra conocida criptomoneda.

El lanzamiento de los tokenstiene como objetivo, en este caso, la financiación de propuestas sostenibles; por ejemplo, los proyectos financiados con la emisión de 2017 incluían empresas que desarrollaban biodiesel para aviones o que investigaban la creación de semillas resistentes a condiciones climáticas extremas.

El funcionamiento del valor es similar al de cualquier otro criptoactivo: el inversor intercambia normalmente otra criptodivisa (como se señalaba anteriormente, en el caso de ClimateCoin y su oferta de 2017,  ethereum) por el token en cuestión, que da derecho a un rendimiento futuro o al disfrute de un servicio. En el caso de ClimateCoin, el inversor recibiría parte de los eventuales beneficios que genere el proyecto financiado mediante la emisión. Por su parte, el emisor destina el capital captado a financiar iniciativas con una finalidad concreta, en este caso, medioambiental, una vez el destinatario supere el pertinente proceso de due dilligence.

Las amplias posibilidades que esta tecnología ofrece transcienden el proyecto anteriormente expuesto: otra posibilidad es la compensación, por medio de blockchain, de las emisiones de carbono de una compañía, vía ya ha sido transitada por grandes empresas a fin de eliminar su huella de carbono, como anunció Correos en la pasada cumbre COP25.

La idea consiste, fundamentalmente, en lo siguiente: una entidad que desea compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero acude a una plataforma intermediadora privada donde adquiere derechos de emisión basados en tecnología blockchain; sirviendo esta adquisición para la financiación de proyectos sostenibles desarrollados por otra empresa.

Estos métodos de financiación presentan claras ventajas. La principal es que suponen un incentivo para la inversión privada en proyectos sostenibles, reduciendo el coste y la presencia de intermediarios. A ello se suma que la propia naturaleza del sistema blockchain implica que el token sea trazable y seguro, amén de fácilmente intercambiable.

De ahí que, considerando el potencial que el blockchain presenta de cara a las finanzas sostenibles, exija que las instituciones nacionales y comunitarias den una respuesta normativa eficiente a los retos que trae consigo. El impacto de esta tecnología en el desarrollo de los objetivos de la Agenda 2030 dependerá en buena medida de la existencia de un entorno regulatorio adecuado, que dé suficiente garantías al inversor y a los mercados, pero que, a su vez potencie este modelo de inversión sostenible que puede servir para que la Unión Europea tome la delantera en una carrera global como es la de la economía verde y la digitalización financiera.

En definitiva, en un momento en el cual se pretende cimentar la recuperación europea en la digitalización y el desarrollo sostenible –como reflejan los próximos presupuestos europeos– debe aprovecharse la buena acogida pública y privada de este tipo de iniciativa y perseverarse en su impulso, a fin de consolidar las nuevas tecnologías y las finanzas como palanca para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.