Que la información es poder es un “lugar común” aunque no por ello deja de ser cierto. Así, la transición hacia una economía verde, pasa por trabajar la información y ponerla a disposición de los sujetos de cambio, lo que convierte ese lugar común en un objetivo de los reguladores en el ámbito de las finanzas sostenibles con apuestas como la taxonomía, la información no financiera y la divulgación de información en el sector financiero. En otras palabras, el objetivo último, es decir, reconducir los flujos de financiación hacia una economía sostenible, requiere de un trabajo exhaustivo y profundo de la información puesta a disposición de los consumidores de productos y servicios financieros. Esta información deberá ser clara, precisa, completa, veraz… Pero, también, y sobre todo, comparable. En esta característica radicará la el verdadero ejercicio de poder de los consumidores de productos y servicios financieros y a ello se encaminan los esfuerzos y desarrollos normativos en los que actualmente se centran la Comisión y las ESAs (EBA, ESMA, EIOPA). La obligación de las entidades de presentar determinada información, en determinado formato, con metodología y estándares comunes, incrementa exponencialmente el valor de esta información en el momento en que entra en juego la competencia por la elección del consumidor/inversor.

El cambio en el enfoque de la divulgación de información en el ámbito de las finanzas sostenibles es cualitativo: más allá del objetivo de información habitual en la normativa de protección a la clientela (este es, efectivamente, proteger al consumidor), busca su empoderamiento y convertir su poder de decisión en el verdadero motor de cambio en la economía de transición. Esto, considerando como muchos estudios constatan, que la tendencia del mercado inversor y, en general, de los consumidores, apunta una exigencia cada vez mayor de compromisos de sostenibilidad, de transición energética y de lucha contra el cambio climático. De este modo y de manera natural, la oferta irá cambiando y adaptándose cada vez más a esas demandas. Y no solo más, sino mejor, evitando interpretaciones diferentes y cuestionables, consideraciones más o menos reales de “lo verde” o prácticas de greenwhasing.

Hacia un marco común de la información no financiera de productos de inversión

Ayer, 1 de septiembre, finalizaba el plazo de la consulta pública de la iniciativa conjunta de las ESAs (EBA, ESMA y EIOPA) para cumplir el mandato del Reglamento de divulgación de información sobre sostenibilidad en el sector financiero, conocido como SFDR (por sus siglas en inglés, Reglamento (UE) 2019/2088), de desarrollar estándares técnicos (RTS) y una metodología común para facilitar la comparabilidad de los productos financieros.

Estos RTSs vienen a concretar las obligaciones de divulgación de información por parte de las entidades financieras en materia de sostenibilidad y en relación a la declaración de impactos adversos por un lado, y la información precontractual, información en web e información periódica de los productos, por otro.

Del planteamiento de esta propuesta de las ESAs, destaca:

• La estandarización de efectos adversos comunes como referencia para la medición del impacto en las declaraciones con el doble objetivo de contribuir a la concienciación del alcance gravedad, probabilidad de ocurrencia y carácter potencialmente irremediable sobre los factores de sostenibilidad por parte de las entidades y a la mejora cada año en la reducción de impactos adversos.
• La vinculación del concepto do not significantly harm en la regulación de la taxonomía y SFDR. Si bien la primera se refiere únicamente a los efectos ambientales y en el caso del reglamento de divulgación incluye también los sociales, las ESAs han querido adelantar propuestas sobre este concepto cuyos RTSs también están pendientes de desarrollo.
• En el mismo sentido, el de alinear los indicadores en la materia ASG, se incorporan a la consulta de este desarrollo, cuestiones relacionadas con Derechos Humanos, empleados, lucha contra la corrupción y antisoborno.

Esta consulta deja abierta aún la posibilidad de que, finalmente, la armonización de se dé únicamente sobre conceptos y no mediante una plantilla estandarizada o que esta sea voluntaria. A pesar del principal argumento en contra del uso de plantillas, el de la rigidez, los beneficios de esta opción, así como la posibilidad de que el contenido se adapte y complete para ajustar la información en cada caso completo, en este momento, debería primar el objetivo de evitar la falta de información que pueda obstaculizar las decisiones informadas de los consumidores.

Como es natural, las nuevas obligaciones de información implicarán costes a las entidades en la adaptación y desarrollos para ponerla a disposición, las mediciones y elaboración de informes. No obstante, el fin último, el de reconducir los flujos financieros hacia una verdadera economía verde, debe ser la apuesta de todos los actores en juego, lo que pasa por reconocer el verdadero poder a los inversores y consumidores y facilitar su ejercicio mediante la máxima transparencia de información.