Marco comunitario

El mes de marzo comenzó con la publicación de las recomendaciones de ESMA para armonizar los requisitos de divulgación no financiera exigibles a las gestoras y entidades no financieras con los requisitos de transparencia incorporados por el Reglamento de Taxonomía; cuestión sobre la que el pasado mes de febrero ESMA ya había emitido su informe final.

El texto destaca la trascendencia de los indicadores claves de desempeño (KPI),  facilitando las definiciones que las entidades deberán emplear para el cálculo de las tres métricas utilizadas por las entidades para la divulgación no financiera (turnover KPI, CapEX KPI y OpEX KPI). Por otro lado, es igualmente relevante la recomendación del uso de las plantillas estandarizadas del art. 8 del Reglamento de Taxonomía.

Por otra parte, también publicó ESMA su Informe sobre tendencias, riesgos y vulnerabilidades (TRV) donde, tras realizar test de estrés climático a carteras por un valor conjunto de hasta 8 billones de euros, la agencia supervisora constató que las carteras ligadas a activos sostenibles presentan una exposición menor al riesgo; arrojando pérdidas mayores los fondos expuestos a actividades más contaminantes. Igualmente, los test de estrés climático también han sido objeto de pronunciamiento del BCE, en este caso, a través de su vicepresidente Luis de Guindos, que defendió en un post el empleo de medidores de riesgo climático para estudiar la exposición de las entidades a efectos de solvencia.

Las tres autoridades supervisoras, las ESA (ESMA, EIOPA y EBA) han abierto un documento de consulta a través del que buscan conocer el parecer del mercado en lo relativo a los estándares técnicos de divulgación (RTS) relativos a la divulgación de productos financieros que inviertan en actividades sostenibles. Esta consulta es el siguiente paso de las ESA tras la entrada en vigor del Reglamento de Divulgación, norma fundamental en el marco de las finanzas sostenibles comunitarias y que fija la información –no financiera– relativa a la sostenibilidad que deberán publicar las entidades; y que viene precedida del borrador final de estándares técnicos (RTS) y la declaración sobre la aplicación del Reglamento, ambas publicadas por las ESA el pasado mes de febrero.

El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó un importante informe de iniciativa legislativa –a la que se ha dado carácter urgente– por la cual las empresas que operen en suelo europeo deberán comprobar con la suficiente diligencia el impacto en los derechos humanos y el medio ambiente que tenga lugar en cualquier eslabón de su cadena de valor. La iniciativa (Due Diligence Supply Chain), que marca el camino a los próximos pasos de la Comisión, prevé importantes sanciones y vetos para las empresas cuyo producto incumpla los estándares fijados por la UE. Por otra parte, también se configura un régimen de acceso a la justicia para que las víctimas de los abusos puedan reivindicar sus derechos ante los tribunales de la UE.

Por último, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha publicado los resultados de un ambicioso estudio respecto de la opinión de más de 30.000 ciudadanos de la UE sobre el cambio climático. La encuesta revela que un 39 % de los europeos creen que la mejor forma de combatir el cambio climático es la adopción de iniciativas a nivel individual, porcentaje que se replica en España. Por su parte, el 29 % de europeos considera que el punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático vendrá de la mano de las innovaciones tecnológicas.

Marco nacional.

La principal novedad del mes de marzo en materia de finanzas sostenibles y gobierno corporativo ha sido la aprobación de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital por el Senado, quedando pendiente únicamente de su publicación en el BOE y entrada en vigor.

Esta ambiciosa reforma, que transpone la Directiva SRD II, se centra en la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas; es decir, en la idea de que una sociedad gestora que invierta en una determinada empresa cotizada mantenga una implicación estable con la compañía que redunde en un beneficio mutuo y se proyecte hacia objetivos de largo plazo vinculados a aspectos sociales o medioambientales. Esta implicación (engagement) se publicará por las gestoras en su página web de forma pormenorizada, detallando cómo monitorizan sus inversiones en entidades cotizadas de la UE en lo referente a la información relativa a su estrategia de inversión, su rendimiento financiero y no financiero, sus riesgos, su estructura de capital y a los factores ESG.

Igualmente, las políticas internas de las gestoras –que deben publicarse en su página web- deberán incorporar información sobre los mecanismos para desarrollar diálogos con las sociedades en las que invierten, el deber y la forma de ejercitar el derecho de voto, la cooperación con otros accionistas y el modo en el que se gestionarán los conflictos de interés. Cualquier omisión relativa a esta información deberá contar con una explicación suficiente y motivada.

Por último, vio la luz este mes de marzo un estudio publicado por la Fundación Naturgy que ha revelado que la financiación sostenible creció en España un 45 % durante el año 2020, arrastrando una subida del 900 % en los últimos cinco años y alcanzando una capitalización de 33.000 millones de euros. Asimismo, el informe señala que en España los créditos sostenibles engloban el mayor volumen de este tipo de productos, suponiendo hasta el 55 % de la financiación verde.