Durante los días 12, 13 y 14 de julio se celebró en el Palacio de la Magdalena (Santander) el curso “La protección de los derechos en la sociedad digital: Garantías para tiempos de crisis” organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Gabeiras.

A lo largo de las jornadas se abordaron los retos que se plantean en la sociedad digital, en relación a los derechos de la ciudadanía, tanto en las relaciones con las Administraciones Públicas como en otros sectores específicos.

La primera jornada dio comienzo con la presentación y apertura del curso de la mano de D. Roger Dedeu, presidente de la Fundación Gabeiras; Dª. Paula Fernández Viaña, Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior; Dª Susana de la Sierra; D. Rafael Pérez Galindo; y D. Jesús Prieto de Pedro.

Luis Martín Rebollo, catedrático en derecho administrativo y profesor emérito de la Universidad de Cantabria, impartió la conferencia inaugural “La protección de los derechos de la ciudadanía en perspectiva histórica: lecciones para el presente y para el futuro”. Desde una perspectiva histórica, realizó un recorrido de lo que suponen los derechos para los ciudadanos como el poder que les reconoce el ordenamiento. Describió la importancia de hacer realidad estos derechos del ciudadano, ya que “es fácil enunciarlos, pero no tan fáciles hacerlos reales”.

También diseccionó la Constitución española, exponiendo que los derechos fundamentales recogidos en la Sección 1º del Capítulo II son los únicos que gozan de la máxima protección, y que Europa es el último eslabón de protección de los derechos fundamentales con el Tribunal Europeo de Derechos humanos.

En segunda ponencia “Transformación y digitalización del sector público para afrontar los desafíos contemporáneos”, Dª Concepción Campos Acuña, doctora en derecho y presidenta de la Asociación Mujeres en el Sector Público, analizó la importancia de la digitalización de la administración, puntualizando que, por encima de todo, se deben garantizar los derechos de los ciudadanos por parte de la administración.

Se centró en cinco desafíos para alcanzar la verdadera transformación digital de la administración.

• El primero sería garantizar la conectividad y con ello el derecho de acceso a internet de la población. Cumpliendo con este reto se estaría acabando con la denominada brecha digital que crea ciudadanos de primera y de segunda.
• El segundo desafío es la interoperabilidad, entendida como la misma en un plano digital que permita la interacción fluida entre administraciones en beneficio del ciudadano.
• El tercer desafío lo definió como la disrupción tecnológica y gobernanza del dato, haciendo un llamamiento a la administración para que utilice y analice sus bases de datos con estas nuevas tecnologías. Textualmente denominó a estas bases de datos públicas como un “tesoro” para el país y la ciudadanía.
• El cuarto desafío es garantizar la seguridad de los datos. Según la ponente, la ciberseguridad no está en la agenda de las administraciones públicas, al menos en la práctica, derivando en brechas de seguridad muy sonadas como la última producida en la Comunidad de Madrid respecto a los datos sobre la vacunación del Covid-19.
• Por último, habló del quinto desafío como la necesidad de ofrecer a la ciudadanía educación sobre las competencias digitales.

Para finalizar, Campos Acuña insistió en la necesidad de cumplir con el reto de construir un derecho a la buena administración digital cumpliendo una serie de principios.

La última conferencia del día fue una mesa redonda formada por Dª.Juana Morcillo Moreno, doctora en derecho por la UCLM y profesora titular de derecho administrativo en la Universidad de Albacete, cuya intervención versó sobre la discapacidad; Dª Concepción Campos Acuña, que se centró en la brecha de género; y D. Jesús Prieto de Pedro, que habló sobre otras brechas centrándose en la que afectan a los mayores.

Las aportaciones más llamativas realizadas por Morcillo fueron, entre otras, los datos que reflejan cómo en el último año, tras la pandemia, ha aumentado el riesgo de exclusión y el desempleo para la población que sufre alguna discapacidad. Para ella, las nuevas tecnologías pueden suponer tanto una oportunidad como una amenaza para esta parte de la población. Por una parte, ofrecen una gran accesibilidad, pero, por otra, generan amenazas como la brecha digital para personas discapacitadas que no tienen acceso a internet o cuyas tecnologías no se adaptan a su discapacidad.

La ponencia de Campos se centró en la brecha provocada por las nuevas tecnologías para las mujeres, acrecentada con el Covid-19. Entre los ejemplos aportados, destacó la diferencia en la valoración del teletrabajo por parte de mujeres y hombres. Mientras que las mujeres lo ven positivo por la conciliación familiar, el hombre lo valora también positivo, pero por la eficacia de dicho sistema laboral. También habló de ciertas decisiones automatizadas de sistemas de inteligencia artificial que habían sido discriminatorias para ellas como, por ejemplo, el caso sonado de Amazon y su sistema de selección de personal.

Por último, Prieto se centró en la brecha digital referida a la edad, definiéndola como una brecha social provocada por la falta de accesibilidad a las nuevas tecnologías e internet por parte de los más mayores y el bajo porcentaje de este sector con competencias digitales avanzadas (sólo un 7% cuentan con dichas competencias).

Prieto concluía dictaminando que “la edad aísla”, por lo que hay que adaptar estas nuevas tecnologías a sus necesidades, desde el ámbito público y privado, y evitar la “infantilización” de estas personas. En su opinión, no sólo hay que garantizar este derecho de vivir en la edad digital a los mayores, sino garantizar el de no vivir en lo digital; no hay porqué forzarlos al cambio. Por esto último, lanzó un llamamiento para que los servicios públicos y privados también se presten en un formato no digital.