La nueva legislatura europea (2024-2029) ha comenzado con un mandato claro: reforzar la competitividad de la economía europea. Esto ha llevado a una revisión profunda de las cargas regulatorias, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad empresarial. El primer paquete Ómnibus lanzado por la Comisión Europea tiene como objetivo racionalizar los marcos de reporte, destacando especialmente la CSRD (Directiva de Información sobre Sostenibilidad) y los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS). 

Esta “racionalización” busca reducir la sobrecarga administrativa, mejorar la calidad de los datos y centrarse en la información verdaderamente relevante. Sin embargo, el debate es complejo: simplificar sí, pero sin sacrificar la capacidad de medir el avance hacia una economía descarbonizada, resiliente y justa.  

Como señaló Patricia Gabeiras en el Aula Gabeiras que tuvo lugar el pasado 17 de junio, este proceso de revisión no afecta únicamente a la CSRD, sino que se inscribe en una lógica más amplia de transformación normativa. A la par que se discuten las obligaciones de reporte no financiero para grandes empresas y eventualmente para pymes, hay otras normativas en el radar que inciden en la sostenibilidad. Entre ellas, destacan la directiva sobre empoderamiento de los consumidores, que ya ha sido aprobada y debe ser transpuesta a nivel nacional antes de 2026, así como la directiva de Green Claims, más controvertida y actualmente en suspensión tras el anuncio de los últimos días. Ambas suponen un desarrollo clave del paquete de consumo sostenible y se suman a marcos complementarios como el reglamento sobre ecotiquetas o el derecho a reparar. 

Estas normativas tienen en común que, aunque puedan parecer alejadas del core financiero, afectan directamente al entorno regulatorio en el que operan las pymes. Como apuntó Gabeiras, muchas de estas obligaciones recaerán también sobre las pequeñas empresas, y no solo en el plano informativo, sino en sus relaciones con clientes, proveedores e incluso en los criterios para acceder a financiación. Por eso, resulta esencial no solo mirar el debate técnico sobre el número de indicadores ESRS, sino entender que está en juego un nuevo contrato social y económico entre empresas, consumidores y reguladores. 

En el centro de este debate están las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial europeo. En España, más de 3 millones de pymes sustentan la economía real. El riesgo: al quedar exentas de muchas obligaciones, podría generarse una “zona ciega” que afecte a bancos, inversores y diseñadores de políticas. 

Desde la Dirección General del Tesoro valoran positivamente el ejercicio de racionalización, pero con cautela. Destacan tres condiciones clave: mantener el potencial de canalización financiera hacia pymes sostenibles, asegurar datos relevantes para valorar riesgos e impactos, y preservar el liderazgo global de la UE en finanzas sostenibles. Además, alertan de que, si se reduce demasiado el ámbito de aplicación, se puede perder la utilidad del sistema; y subrayan también que el despliegue normativo anterior fue excesivo, con falta de coherencia entre las distintas regulaciones (como la SFDR, la taxonomía y la propia CSRD). La revisión actual es una oportunidad para corregir esa secuencia desordenada y garantizar que las nuevas normas se enfoquen en indicadores útiles, fáciles de recopilar y alineados con los objetivos estratégicos de la UE. Proponen centrar los esfuerzos en una lista limitada de puntos de datos clave —como geolocalización de activos, eficiencia energética y emisiones— para mejorar la calidad del análisis sin asfixiar a las empresas más pequeñas. 

Sin datos sobre pymes, la estabilidad financiera, la supervisión prudencial y la política monetaria podrían verse afectadas según señala el Banco de España. Propone que las entidades financieras intensifiquen su compromiso e interacción (engagement) con pymes, replicando modelos de relación más habituales con grandes empresas. Apunta que los bancos españoles están bien posicionados en indicadores climáticos, pero con carencias graves en otros ámbitos como biodiversidad y capital natural. El Banco de España considera que, si bien el marco regulatorio anterior fue complejo y costoso, ahora es crucial no retroceder en transparencia. Además, insta a utilizar fuentes alternativas de información —como datos satelitales o análisis geoespacial— para compensar posibles lagunas. Subraya también que las pymes locales, aunque con menos recursos, conocen mejor su entorno y pueden ser más resilientes ante riesgos físicos, lo cual debería reflejarse en los sistemas de gestión de riesgos de las entidades financieras. 

Spainsif trasladó en el aula la visión del sector inversor, que, aunque inicialmente recibió con entusiasmo la simplificación, ahora hay preocupación: la voluntariedad del reporting en pymes puede generar sesgos, dificultar la comparabilidad y debilitar la credibilidad de productos financieros. Advierte del descrédito del marco regulatorio por su continua revisión y la dificultad de cumplimiento por parte de gestoras y fondos, especialmente en SFDR. Desde Spainsif, alertan de un efecto cascada: la ausencia de información fiable y estandarizada impacta en la cadena de valor de la inversión sostenible, desde la clasificación de productos (Artículos 8 y 9) hasta la toma de decisiones por parte de inversores institucionales. También se observa una menor participación en las consultas públicas, debido al cansancio regulatorio. Finalmente, se subraya el riesgo de que la voluntariedad genere una foto distorsionada del riesgo sectorial, premiando a quienes pueden reportar fácilmente sin reflejar necesariamente los impactos reales. 

Por parte de la Cámara de Comercio de España, destacan que las pymes valoran la regulación como necesaria, pero solo si es eficiente. El exceso de trámites administrativos supone un coste que lastra su competitividad. Pide normas claras, guías voluntarias, apoyo técnico y segmentación normativa. Recuerda que muchas pymes ya están reportando voluntariamente, y que existen ejemplos inspiradores en los Premios Pyme. Además, resalta que el tejido empresarial español es muy heterogéneo: no es lo mismo una pyme de 10 empleados que una de 250, ni una localizada en un entorno rural que una urbana e internacionalizada. Por ello pide adaptar los marcos regulatorios a las realidades locales y sectoriales. Aplaude el cambio de paradigma europeo hacia una regulación más proporcional y aboga por impulsar herramientas de acompañamiento, como certificaciones sectoriales, programas de asesoramiento y formación en sostenibilidad. 

En respuesta a este debate, Triodos Bank ha desarrollado una herramienta concreta de racionalización del reporte que puede servir como modelo para avanzar en esta agenda. A partir de un ejercicio metodológico riguroso, la entidad ha trabajado con el Ministerio de Finanzas de Alemania y contrastado sus hallazgos con Banco de España, Tesoro y otros actores europeos. 

Carmen Solís presentó en detalle el ejercicio, que partió de una lista completa de 220 indicadores (incluyendo los de CSRD, SFDR, Pilares 2 y 3 del CRR, y requisitos sectoriales de varios países). Tras un proceso de pareo con informes reales de empresas que ya están reportando y otros marcos relevantes (como las guías de la EBA), se redujo a 86 indicadores clave. 

Finalmente, se logró una versión racionalizada de 57 indicadores esenciales, cubriendo aspectos climáticos, medioambientales, sociales y de gobernanza. Esta herramienta permite: 

• Reducir la carga administrativa para pymes y entidades financieras 

• Preservar la utilidad de los datos para inversores y reguladores 

• Servir como base para propuestas de mejora del VSME o marcos de ESRS simplificados 

Se trata de un ejemplo práctico de cómo se puede armonizar exigencia y proporcionalidad. El objetivo no es hacer menos, sino hacer mejor: centrar el esfuerzo en los datos que realmente permiten tomar decisiones, medir riesgos e impulsar la transición. 

Como cierre del aula apuntamos a que la racionalización del marco de reporte en sostenibilidad no debe ser un retroceso, sino una oportunidad para construir una regulación más inteligente. España cuenta con actores institucionales, financieros y empresariales que están dispuestos a contribuir con soluciones. Ejemplos como el de Triodos Bank muestran que es posible combinar ambición climática y viabilidad operativa. 

Ahora el reto está en escalar estas iniciativas, estandarizarlas y garantizar que, incluso en un modelo más ligero, nadie quede fuera de la transición sostenible.